Las ventajas fiscales de Coca-Cola empiezan “en casa”, pasan por Brasil y también preocupan a la Unión Europea

La revista británica Ethical Consumer, creada por un grupo independiente de investigadores, activistas y periodistas, tiene su sede en Manchester, Inglaterra, desde 1989. Como misión, prioriza fiscalizar el “poder corporativo desafiante”. La idea es hacer con que las empresas globales sean menos abusivas a través de la presión de la sociedad organizada.

Los investigadores de la publicación inglesa hacen un trabajo meticuloso de escrutinio para clasificar empresas con base en criterios de derechos humanos, lobby, (ir)responsabilidad ambiental, democracia de género y raza y pruebas en animales. Llama la atención, también, un rublo de evaluación denominado “finanzas antisociales”, que lista a las compañías basado en aspectos de evasión fiscal, impago de impuestos y estrategias para evitar la regulación de paraísos fiscales.

En 2017, en la tabla de los peores colocados en los tres aspectos, un fabricante transnacional llamó la atención: la Coca-Cola. La compañía de las bebidas azucaradas más vendidas del planeta obtuvo la peor clasificación en uso de estrategias de evasión fiscal, e impago de impuestos y medidas protectoras contra la investigación de la Unión Europea sobre fraudes tributarios en Luxemburgo.

En agosto de 2017, el equipo de Ethical Consumer tuvo acceso a información del sitio corporativo Hoovers, que sistematiza datos de las más grandes corporaciones mundiales. Aparecen dos empresas de alto riesgo registradas en paraísos fiscales relacionadas con la Coca-Cola. Además de esas holdings con sede en las Islas Caimán y en Hong Kong, la dirección oficial de la matriz de la transnacional estaba en Delaware, en Estados Unidos.

“Por lo tanto la Coca-Cola recibió la peor clasificación relacionada al uso de estrategias de evasión fiscal”, dice Jane Turner, integrante de la directiva de Ethical Consumer Research Association, la entidad británica que financia los vehículos de comunicación de la cooperativa.

Aún, con base en un informe del Institute on Taxation and Economic Policy de los EUA, la revista publicó que, de 2008 a 2015, la estrategia del gigante de los refrescos era usar brechas para pagar menos de lo que exige el impuesto a la renta en los Estados Unidos, que es una tasa de 35% sobre los beneficios. En muchos años, incluso, la Coca-Cola no recaudó nada.

Durante el período, la megaempresa pagó sólo el 20,4% en impuestos sobre las ganancias multimillonarias que obtuvo, casi el 15% menos de lo que debería. Representantes del instituto escribieron que “mientras los legisladores de Estados Unidos intentan reformar el código tributario de las empresas, ese informe muestra que el foco de cualquier revisión debe ser el cierre de brechas en lugar de reducir las alícuotas”.

En otro punto obtenido por el equipo investigativo de la revista, la ONG Computer Business Review informó que Coca-Cola está entre las corporaciones que deben ser investigadas por el Parliamento de la Unión Europea sobre maniobras tributarias que involucran paraísos fiscales. Las conclusiones preliminares contienen evidencias de que la compañía ha hecho acuerdos tributarios secretos con Luxemburgo, considerada una isla de exención dentro de Europa.

Su césped ya no es verde

El 1 de noviembre de 2009, la ONG internacional Tax Justice Network, con sede en Londres, en el Reino Unido, divulgó el Financial Secrecy Index, que lista los países según una clasificación que considera categorías de transparencia fiscal y divulgación de balances financieros. Es previsible encontrar a los europeos Luxemburgo y Suiza en la cima del ranking de sistemas menos transparentes, con segundo y tercer lugar, cada uno.

El lugar más alto del podio fue dado a un territorio estadounidense: el pequeño estado de Delaware, segundo menor de Estados Unidos, a sólo 1h30 de la Casa Blanca, en Washington.

Curioso que el gobierno de Estados Unidos, en la época presidido por el demócrata Barack Obama, había declarado la guerra a los paraísos fiscales, como Luxemburgo, Liechtenstein y Suiza, en un esfuerzo por apuntar a esos países europeos como fuentes de fuga de capitales y evasión fiscal.

Sin embargo, los datos levantados por la Tax Justice hicieron difícil cualquier contraposición al puesto nada honroso de Delaware. Apenas en un pequeño edificio de dos pisos instalado en la capital del estado, Wilmington, de 75 mil habitantes, hay nada menos que 285 mil corporaciones e instituciones del sistema financiero mundial registradas.

Allí en la avenida North Orange 1209, en el Corporativo de Trust Center, se mantienen con alícuota cero (o próxima) de impuestos siempre que la mayoría de los directores vivan fuera de los Estados Unidos. Increíblemente, es ese micro-espacio físico el abrigo de las direcciones oficiales de gigantes del mundo corporativo, como Coca-Cola, Ford, Google, News Corp, Apple y General Electric.

Sumado a otros edificios en Delaware, más de la mitad de las empresas de capital abierto de los Estados Unidos está registrada allí. La estimación es que un millón de empresas tienen direcciones oficiales en el estado, o sea, hay más registros de personas jurídicas que habitantes (898 mil). Dos tercios de estas compañías se enumeran en la Fortune 500, lista elaborada por la revista Fortune con las quinientas corporaciones más ricas del planeta.

En síntesis, todas estas compañías transnacionales están en un territorio que concentra sólo el 0,29% de la población de los Estados Unidos con un objetivo común: minimizar el pago de impuestos. Esto se debe a que la legislación local permite que las “empresas integradas” (el proceso de separar una empresa de un individuo, como Facebook y Mark Zuckerberg) disminuyan sensiblemente las obligaciones tributarias, transfiriendo ingresos a las holdings.

De manera específica, la legislación estatal de Delaware no aplica impuestos sobre los “activos intangibles”, como marcas, royalties, alquileres y derechos de autor. Por ejemplo, en condiciones normales de tributación en la mayoría de los estados de los Estados Unidos, si la empresa A tiene los derechos de autor de la música B, siempre que la música B sea licenciada para uso, la empresa A recibirá dinero por ello, pero también tendrá que pagar impuestos en el estado en que opera. Sin embargo, si esa empresa transfiere los ingresos a sedes como el pequeño edificio en North Orange, aunque sólo para una oficina con media docena de empleados, el flujo de caja no es tributado, lo que “ahorra” miles de millones en tributos anualmente.

Es lo que pasa con Coca-Cola que opera como la mega empresa, que verdaderamente es, desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, sin embargo mantiene su “dirección legal” en Delaware.

Fácil, fácil

Un verdadero paraíso fiscal en pleno suelo estadounidense. Sí, eso existe. Y peor: el estado de la Costa Este permite el registro de empresas de responsabilidad limitada (LLCs), que no exigen el nombre de los “propietarios reales”.

Sin embargo, el “Delaware Gap”, la diferencia de trato fiscal que atrajo a miles de empresas a Wilmington, es un tema tabú para el gobierno de Estados Unidos. En eso, presidentes demócratas y republicanos se armonizan. De Obama a Donald Trump, el tema ni se menciona.

Y es muy fácil “instalar” una empresa en Delaware. Hay sitios con sede en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, prometiendo el registro en los Estados Unidos en dos días, en línea, en formato offshore, el nombre común dado a las empresas y cuentas bancarias abiertas en territorios donde hay menor tributación en comparación con el país de origen de los propietarios, es decir, los paraísos fiscales.

Las oficinas de registros comerciales de Delaware funcionan 24 horas al día y hay cientos de empresas intermediarias que ofrecen servicios para la creación de offshore, además de “consultorías” garantizadas por el pago de una franquicia anual de US$ 250 dólares (alrededor de R$ 800) y apenas rellenar formularios en línea.

Para miembros del Ministerio Público Federal estadounidense, sin embargo, los propietarios de corporaciones en Delaware “se esconden delante de las autoridades”, aprovechándose del sistema tributario flexible del estado. El problema es relevante internamente, no sólo en cuestiones de evasión, sino por las brechas usadas para actividades criminales. En ese sentido, hasta el lavado de dinero cometido por el crimen organizado vincula la alerta en las salas de los fiscales.

La situación es extraña. Los Estados Unidos hacen que lideran la lucha contra el lavado global de capitales y la financiación al terrorismo. Sin embargo, las leyes de un estado de la federación posibilitan el registro anónimo de mega corporaciones, a ejemplo de Coca-Cola y McDonald’s, en el caso de la industria alimentaria, para llevar a cabo operaciones financieras obscuras.

Incluso el ex senador republicano Carl Levin – hoy jubilado – considerado extremamente beligerante y proteccionista cuando se lida con la economía de los Estados Unidos, no se contuvo al hablar de Delaware, cuando fue presidente del Comité Bancario del Senado de Estados Unidos. A pesar de la información sobre el sistema bancario suizo, parecía saber que “Delaware tiene capacidad para molestar a los Estados Unidos en términos de paraíso fiscal”.

En 2010, el parlamentario presentó un informe de transparencia a los demás senadores con el reto de contener los abusos de las empresas registradas para cometer crímenes tributarios. Delaware no contribuyó a los esfuerzos, a punto de que el senador y otros políticos en Washington reconocieron la necesidad de que el país adopte mejores prácticas e introduzca nuevas reglas de transparencia para “mantener la credibilidad global como líder de transparencia financiera”.

Adentro y afuera de casa, apenas la alegría

El profesor Reginaldo Carmello Corrêa de Moraes, científico político jubilado por la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), en Brasil, y actualmente coordinador de difusión del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología para Estudios sobre los Estados Unidos (INCT-Ineu), ayuda a desentrañar ese “misterio”.

Él mencionó una lista de lecturas – libros, informes, reportajes – que muestra cómo la red de paraísos fiscales que beneficia a las compañías transnacionales creció, cuál es el rol ejercido por ella en el capitalismo contemporáneo, quién se beneficia y quién es perjudicado. “Mi objetivo era producir una serie de artículos de difusión, para un público más amplio que aquel alcanzado por estudios académicos”, cuenta.

El profesor recuerda que Delaware fue al escenario internacional en 2009, cuando Barack Obama mencionó las Islas Caimán en un evento internacional, afirmando que el mayor de los edificios de la isla era también “la más grande estafa”, ya que albergaba a 12 mil corporaciones. El jefe de la Autoridad Financiera de las islas, en aquel entonces, Anthony Travers, contra atacó: “Sería más prudente que el señor Obama mirara el edificio de la calle North Orange, número 1209, en Wilmington, Delaware.

“Delaware adoptó una legislación permisiva, aquella que viabiliza el escondite de las fortunas y de las ganancias empresariales, pero también lo esconde del dinero obtenido por medio del crimen en sentido estricto. Otros estados, también. Las legislaciones de ese tipo avanzaron, como en Florida y en Nevada”, explica Reginaldo

Él dice que el pequeño estado es un paraíso fiscal “aislado” en el territorio de los Estados Unidos.

Cuando la Coca-Cola se beneficia con “regalos fiscales” ganados en la Zona Franca de Manaus, en Brasil, como demostramos, y remite beneficios a los Estados Unidos para la matriz “administrativa” registrada en Delaware, la transnacional de bebidas se beneficia dos veces de maniobras tributarias multimillonarias.

En síntesis: el sistema fiscal de Brasil da “descuentos” históricos para la Coca-Cola, favoreciendo la subsidiaria brasileña de la transnacional instalada en el Amazonas. Con eso, las ganancias obtenidas por aquí aumentan a escala multimillonaria y los envíos de ganancias vuelan a los Estados Unidos para ser “administrados” en Delaware. Allí, nuevas ventajas garantizan que la corporación escapa de la tributación por diversas vías. Y que tenga ventaja tributaria.

Los países periféricos son, evidentemente, los más perjudicados en esta historia. No es que esto ocurra hace poco. En realidad, cuando los paraísos fiscales aún eran embrionarios, las transnacionales, incluso las de alimentos ultra procesados, ya operaban esquemas de subfacturación y sobre factura para escapar a las leyes nacionales que restringían las remesas de ganancias.

“Hoy, la situación empeoró mucho. En el año 1970, por ejemplo, había una montadora de tractores, en Brasil, que ‘importaba’ el motor y la caja de transmisión de empresas del mismo grupo, en un comercio intra firma. Hace diferencia, para las transnacionales, asignar un valor alto al elemento importado, si usted quiere hacer remesas de ganancias disfrazadas de costo. Esta práctica ha aumentado demasiado en los últimos años “, enfatiza Corrêa.

En este año, la Agencia Tributaria Federal brasileña empezó investigación para averiguar si Coca-Cola sobre factura productos para aumentar el beneficio. Esto ocurre en un momento en que las remesas de la subsidiaria brasileña a los Estados Unidos tuvieron un extraño crecimiento, de US$ 250 millones entre 2016 y 2017.

Mientras tanto, los organismos fiscalizadores estadounidenses cobran de la compañía US$ 3.300 millones en regalías no pagados por siete países, Brasil incluido. La empresa niega las irregularidades, algo que también hace por aquí.

Sin embargo, los ejecutivos de Coca, nacional e internacionalmente, tienen explicaciones a dar, como los motivos por los que el fabricante vende el kilo del jarabe por cerca de 200 reales a las envasadoras brasileñas, a pesar de exportar el producto por R$ 20, diez veces menos.

con la colaboración de Guillermo Zocchio