¿Con quién andas, dulzura?

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Las corporaciones de refrescos se establecieron en la Amazonia de Brasil mediante asociaciones de colaboración que producen daños ambientales y dominación cultural

Desde Manaos, estado del Amazonas, y tras un viaje de 107 kilómetros por la carretera BR-174, llegamos hasta el municipio amazónico de Presidente Figueiredo. A pesar de contar con solo 29.000 habitantes, si hay algo que no falta por esta zona es tierra. Se trata de un territorio integrado por unos vastos 25.400 km2, un área mayor que la de algunos países europeos. Dentro de este espacio, la sucroalcoholera Jayoro posee 59.000 hectáreas de terreno, de las cuales 4.500 están destinadas a plantaciones de caña de azúcar y 410 a pedúnculos de guaraná.

Instalada en la región desde 1984, la azucarera provoca inmediatamente una amplia deforestación. Surgida a partir de Proálcool, un proyecto para incentivar la producción de combustible impulsado por la dictadura militar (1964-1985), con el apoyo de la Superintendencia de Desarrollo de la Amazonia (SUDAM), impone el monocultivo de caña en detrimento de varias especies vegetales nativas y produce materia prima para el alcohol que abastece los vehículos. Los espíritus de la Amazonia lanzan su maldición y el plan sale mal: en la década de 1990, la empresa tropieza y se convierte en una pequeña productora de cachaça que utiliza solamente 300 hectáreas de cañaverales. Sin embargo, la empresa también es resistente. Y llega la salvación. En 1995, el negocio entra en el punto de mira de varios “inversores salvadores”. Entre ellos, Coca-Cola.

Con el apoyo del gigante de los refrescos aumenta el poder económico de Jayoro y, por consiguiente, crece la fuerza política, lo que facilita que la empresa pueda ampliar las plantaciones, pese a encontrarse en un espacio rodeado de zonas protegidas y bajo la acusación de haber invadido tierras públicas cuando llegó al Amazonas de la mano de la familia paulista Magid.

Ya en la década de 1990, la azucarera vuelve a destruir la selva. Se arrasan aproximadamente 10.000 hectáreas para retomar el ritmo de plantación de caña de azúcar. Esta vez la motivación es el suministro de azúcar, necesario para la producción del concentrado de los refrescos, el famoso sirope, que sirve de base para dar cuerpo a las bebidas azucaradas y gasificadas que llenan los vasos y engordan los cuerpos de millones de brasileños y otros pueblos latinoamericanos, y dispara los índices de obesidad, relacionados directamente con la diabetes y hasta 13 tipos de cáncer, de acuerdo con un dictamen reciente del Instituto Nacional de Cáncer (INCA) brasileño.

Desde Presidente Figueiredo, el azúcar se envía a la Zona Franca de Manaos, donde es utilizado por Recofarma Indústria do Amazonas LTDA, fabricante de sirope de Coca-Cola en Brasil. La empresa ya apareció en O joio e o trigo en un reportaje sobre los polémicos incentivos fiscales que recibe el sector de las bebidas azucaradas. El trío Coca-Cola-Jayoro-Recofarma abastece a todas las embotelladoras de Brasil, así como de Argentina, Colombia, Paraguay, Venezuela, Uruguay y Bolivia.

Por si no bastara con los daños ambientales causados por el hecho de incentivar un monocultivo que garantice suficiente azúcar para la producción del sirope, el dueto Coca-Cola/Jayoro también se beneficia de la plantación tradicional de guaraná en la Región Amazónica. La mayor sucroalcoholera del Amazonas, Agropecuária Jayoro LTDA, es el origen de gran parte del azúcar utilizado por Recofarma. De Jayoro también procede todo el extracto de guaraná que se utiliza en el refresco Kuat, otro producto de la corporación de la marca roja y blanca.

Con la asociación de colaboración suscrita en 1995 surgieron dos problemas más: en primer lugar, el uso de agrotóxicos. En segundo lugar, la vinaza, el residuo final del proceso de fabricación del azúcar o de la destilación de la cual se obtiene el alcohol, así como el aguardiente de caña, y que, si no se trata adecuadamente, contamina el agua. Cuando se deposita en lagunas y cursos de agua es un contaminante potente.

Se presentan denuncias. Principalmente, a inicios de la década de 2000. Según el técnico agropecuario Paulo Sérgio Ribeiro, empleado de Jayoro durante 18 años que fue entrevistado por el equipo de Repórter Brasil, se aplicaban varios tipos de insecticidas en los cañaverales con tractores y avionetas.

El investigador y filósofo Egydio Schwade, uno de los fundadores del Consejo Indígena Misionario (CIMI), con residencia actualmente en Presidente Figueiredo, hace tiempo que denunció la situación. “El proyecto de Coca-Cola/Jayoro ya empezó aniquilando cerca de 3.000 especies vegetales nativas para la implantación de la caña de azúcar. Después de este desastre ecológico, llevado a cabo con motosierras y tractores, desencadenó un desastre químico en toda la región, con el rociado de sustancias venenosas. Ninguna especie de planta o animal nativo sobrevivió en ese desierto”, subraya.

Schwade destaca, además, “los efectos nocivos para la tierra y las personas”, las consecuencias de la explotación del territorio y el envenenamiento de los empleados de los cañaverales por agrotóxicos. “Aquí me encuentro con empleados intoxicados por sustancias venenosas procedentes de Jayoro. Hay gente que va en silla de ruedas, muchos van tosiendo por las calles por ‘causas desconocidas’”, afirma.

¿Un modelo para quién?

Jayoro fue considerada públicamente como la “azucarera modelo” por José Mauro de Moraes, alto ejecutivo de Coca-Cola Brasil. El Ministerio Público Federal en el Amazonas, no obstante, no está de acuerdo con ese calificativo. Atento observador de las actividades de la empresa, el MPF ya investigó en 2008 la contaminación (por uso de agroquímicos) de los cursos de agua en la región de Presidente Figueiredo.

Sin embargo, el Instituto de Protección Ambiental del Amazonas (IPAAM), organismo que investiga las cuestiones relacionadas con el medio ambiente en el estado, confirmó que la sucroalcoholera cumplía la legislación. Fue entonces cuando el MPF solicitó al Instituto los informes técnicos del análisis de las aguas. La conclusión no fue satisfactoria; solo se declaró que la licencia de la agropecuaria estaba en proceso de evaluación, por lo que entraba en contradicción con la primera respuesta.

Después de un nuevo intento del Ministerio Público, todavía en 2008, el organismo estatal no tuvo escapatoria: un dictamen del IPAAM dio lugar a la no renovación de la licencia ambiental del socio de Coca-Cola. Extrañamente, el año siguiente, 2009, la empresa funcionaba a pleno rendimiento, sin la renovación anual de la licencia ambiental.

Anteriormente, en 2007 y 2008, la licencia para los trabajos de Jayoro solo había podido renovarse mediante la firma de un Acuerdo de Ajuste de Conducta (TAC, por sus siglas en portugués) con el IPAAM, bajo 13 condiciones. Entre ellas, la corrección del uso de métodos agresivos con el medio ambiente y la población del entorno, por ejemplo, la quema de paja de caña de azúcar, práctica que contamina el aire y produce múltiples enfermedades respiratorias.

Tampoco faltan los datos contradictorios en relación con la agropecuaria propiedad de Coca-Cola. Como única azucarera amazónica registrada en la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), Jayoro declara estar en posesión de 4.500 hectáreas dedicadas a la caña de azúcar. No obstante, una investigación del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) realizada en 2008 ya demostró que el cultivo amenazaba una zona prioritaria para la biodiversidad. La Zona de Protección Ambiental de la orilla izquierda del Río Negro, que consta en el Mapa de Zonas Prioritarias para la Biodiversidad como “de extrema importancia”, se estaba viendo afectada por las plantaciones de caña de azúcar de la azucarera, localizadas sobre el manantial del río Apuaú, según el MMA.

Jayoro, a través de sus gestores, emitió un comunicado oficial en el que afirmaba que “dejó de quemar paja en 2010” y que creó “voluntariamente” un plan de mecanización de la fase de corte de la planta. Los representantes de la empresa se defendieron en cuanto al monocultivo y la aplicación de agroquímicos: aseguraron que, actualmente, la linaza es el fertilizante aplicado en el suelo y que no utilizan insecticidas. Asimismo, garantizan que no plantan caña cerca de los cursos de agua. En relación con la acción promovida por el Ministerio Público Federal en el Amazonas, el discurso es que la denuncia se basa en “hechos falsos” y que no existe constancia de enfermedades respiratorias o de cualquier otro tipo que tengan como causante la quema de paja de caña de azúcar.

Además, los gerentes de la empresa rechazaron la tesis según la cual los incendios habrían provocado la muerte de animales, pero uno de ellos, Camillo Pachikoski, en 2013, llegó a admitir públicamente que “en caso de que hubiera riesgo, los animales tendrían oportunidad de huir”.

En cuanto a Coca-Cola, que se enorgullece de incentivar programas de protección del medio ambiente y posee una página oficial en Internet para “desmentir rumores falsos”, solamente menciona a Jayoro en el sitio de la empresa en Brasil en un texto sobre sistemas agroforestales.

Padre secuestrado

Además de las rojas y blancas, las “marcas verdes” también tienen poderosos tentáculos, que envuelven la Amazonia en un abrazo que puede llegar a estrangular. Las megaempresas de refrescos son de las pocas ultraprivilegiadas incluidas en la producción de bienes cuya materia prima está en el Amazonas. Allí es donde la tribu sateré-mawé, los indígenas conocidos como “los hijos del guaraná”, descubrió la Paullinia Cupana (la fruta del guaraná) como producto alimentario y medicinal.

Según un artículo de los investigadores de la Universidad Federal del Amazonas (UFAM) Arenilton Monteiro Serrão, Manuel de Jesus Masulo da Cruz y Luis Fernando Belém da Costa, esta herencia cultural fue transformada en bebida con fines comerciales por primera vez en el siglo XIX, por comerciantes que obsequiaban a los indígenas con “espejos, peines y otros enseres superfluos” a cambio de la fruta, para negociar después con los compradores europeos. Con el avance de la tecnología, todas las esferas social, política y económica existentes hasta entonces fueron desmanteladas, según apunta el trabajo.

Guaraná Antárctica, que, históricamente, utiliza publicidad con mensajes que muestran que este cultivo amazónico constituye la base de la bebida azucarada, tiene un papel fundamental en ese desmantelamiento. El orgulloso discurso del marketing empresarial habla del “refresco original de Brasil”. No obstante, la cruda realidad revela que la compra voraz de fruta, iniciada hace más de 50 años por la entonces empresa paulista Antárctica, se apropió de la cultura de los sateré-mawé y dañó así las relaciones productivas colectivas, las cuales, actualmente, según los investigadores del UFAM, son “monopolizadoras”.

Tras la fusión de Antárctica y Brahma, que dio lugar a AmBev en 1999 y a la transnacional belgobrasileña de bebidas Anheuser-Busch InBev, la apropiación y la monopolización han aumentado agresivamente. El 21 de octubre de ese año, los ejecutivos de AmBev y PepsiCo Inc. suscribieron un acuerdo que preveía el compromiso de distribuir guaraná a más de 175 países, con el fin de convertirlo en un producto mundial. El acuerdo fue aceptado en audiencia con el entonces presidente de la República, Fernando Henrique Cardoso.

Ese período, según el estudio, también marca el inicio de la decadencia productiva del Amazonas, en especial del municipio de Maués, a 253 kilómetros de Manaos y tierra del pueblo sateré-mawé. Incluso el estado perdió el puesto como mayor productor de guaraná frente a Bahía, principalmente por factores relacionados con las investigaciones agrónomas, la renovación de las plantaciones de guaraná y la producción a gran escala.

“El guaraná ha dejado de ser un producto genuino de los sateré-mawé y se ha convertido en una marca conocida mundialmente, en la que el marketing principal gira en torno a la alusión a la indicación geográfica, como parte integrante de una cultura indígena secular amazónica, y la venta de dicha imagen es un factor preponderante en la acumulación de capital sobre esa cultura”, concluyen los investigadores Arenilton Monteiro Serrão, Manuel de Jesus Masulo da Cruz y Luis Fernando Belém da Costa.

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